Unas reglas para cualquier Gobierno
Garantía Democrática es una iniciativa cívica que propone reformar las reglas de responsabilidad pública en España. No es un partido, no busca gobernar y no pide el voto. Su propósito es que cualquier Gobierno, de cualquier orientación, responda ante los ciudadanos con criterios de veracidad, medición, transparencia y garantías.
La propuesta mantiene la democracia representativa y busca completar su circuito de responsabilidad. Entre elecciones, el ciudadano debería poder conocer qué se prometió, qué podía cumplirse, cómo se usaron los recursos y qué resultados se obtuvieron.
Antes de votar: saber qué se promete
Una promesa no siempre depende solo de quien la hace. Por eso se distinguirían compromisos, compromisos condicionados y objetivos. Cada compromiso esencial incluiría una memoria de viabilidad: competencia, coste, financiación, plazo, dependencias e indicador verificable. Las condiciones conocidas deben explicarse antes del voto.
Durante el mandato: poder comprobar
Un conjunto limitado de compromisos esenciales formaría el Mandato Democrático Verificable. Si hay coalición, antes de la investidura se explicaría qué se mantiene, modifica o abandona. La evaluación no se basa en expectativas indefinidas, sino en condiciones conocidas y evidencias contrastables.
El gasto público se sometería a auditoría permanente y a cierres trimestrales. Ingresos, gastos, deuda, activos, contratos y resultados deberían poder seguirse. Optimizar significa obtener utilidad pública con calidad, seguridad, accesibilidad y derechos; no elegir siempre lo más barato.
España Genera: medir también la capacidad del país
Además de vigilar el gasto, la propuesta plantea medir y mejorar la capacidad productiva y económica: industria, I+D, conocimiento, cultura, internacionalización y activos. Las fotografías España T0 y TF permitirían comparar el inicio y el final de una legislatura.
Importa distinguir el valor que se crea del que permanece en España y del retorno directo al Estado. España Genera integra esas dimensiones con bienestar, derechos y sostenibilidad. El país no se reduce a una cuenta de beneficios.
Independencia para revisar. Garantías para responder.
La futura Autoridad Constitucional de la Ciudadanía sería independiente del Gobierno auditado y coordinaría observatorios sectoriales. Experiencia técnica, participación ciudadana y verificación metodológica se contrastarían entre sí. La propia Autoridad tendría que demostrar su utilidad y someterse a control.
Una anomalía no es una condena. Los algoritmos pueden detectar patrones y reproducir cálculos; no declarar culpabilidad. Toda consecuencia exige competencia, evidencia, derecho de defensa y revisión.
Consecuencias cuando corresponda
Los incumplimientos graves podrían activar una escalera de explicación, corrección y responsabilidad. La posible revocación necesitaría un marco constitucional y garantías reforzadas: una minoría puede activar el procedimiento, pero la continuidad la decide el cuerpo electoral. No hay destitución automática.
Todo ello es una propuesta de reforma, no un conjunto de facultades que ya ejerza esta plataforma. Su desarrollo requiere estudio jurídico y debate. La organización promotora no es la futura Autoridad ni puede apropiársela.
Tú eliges cómo relacionarte.
Leer, recibir novedades, apoyar un texto y financiar el proyecto son decisiones independientes. Donar nunca otorga más capacidad política. En la versión pública actual, las funciones que impliquen datos personales o dinero se activan de forma separada y únicamente cuando disponen de garantías suficientes.
Fundamento: Documento Maestro V1.0 · Resumen ejecutivo y §§5–26 · p. 4